El presidente Leonel Fernández al tratar de forma tangencial el fenómeno de la PARTIDOCRACIA en la República Dominicana, en el marco del seminario de gestión pública aperturado en la PUCMM, ha iniciado sin quererlo un debate sobre la dilata falta de institucionalidad que impera en el país.

 

De facto con esta discusión que apertura el presidente se pone sobre el tapete la necesidad de iniciar sin más demoras la discusión de la una reforma constitucional seria y profunda que elimine la cultura del personalismo y que a su vez superponga el valor de las instituciones y el imperio de la ley en un verdadero estado de derechos.

Hay que destacar que las últimas tres administraciones, inquilinas del gobierno desde el 1996, son las responsable de desacato cuando han desconocido la aplicación de la LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA promulgada por el Ex presidente Joaquín Balaguer en el año 1991 como parte de un paquete de reformas que éste promovió en ese periodo constitucional las que, aunque no se quiera reconocer, constituyen las más importantes que ha vivido el país en su historia republicana.

El desconocimiento con alevosía  de los derechos adquiridos por los servidores públicos, empleados  y funcionarios, son la razón fundamental de la fortaleza que exhibe el fenómeno de la partidocracia en la República dominicana.

El congreso de la república se apresta a aprobar una ley de la función pública, la cual dará inclusive categoría de Ministerio o Secretaria de Estado a lo que hoy es la ONAP, la cual procurara dar inicio de la consagración en el país de un modelo de gestión de recursos humanos basado en el mérito, la capacidad, garantizando respeto al escalafón y estabilidad, variables indispensables de un sistema de Carrera Administrativa.

Debe tenerse claro que el principal escoyo que enfrenta la nueva ley, de ser implementada, es que reducirá necesariamente el clientelismo político, el amiguismo y el tráfico de influencia en la administración de los recursos humanos en las oficinas gubernamentales, ya que quedara definida la naturaleza del  empleo de los servidores públicos al servicio de los órganos y entidades de la Administración Pública clasificándolos en:

  1. Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción.
  2. Funcionarios o servidores públicos de carrera.
  3. Funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado.
  4. Empleados temporales.

 

Esta nueva ley regulara y reglamentara  a través de lo que será la Secretaria Estado de Administración Publica los asensos, tránsitos, transferencias y cancelaciones de los servidores públicos, lo cual limitara el pago del activismo.

Confieso que estoy de acuerdo con el proyecto y participo arduamente en el equipo que prepara el informe final del referido proyecto de ley, Sin embargo me pregunto si existen garantías para que esta no corra la misma suerte que la desacatada ley 14/91 aun vigente.

El problema fundamental del país es la ausencia del imperio de la ley, los funcionarios de turnos desacatan premeditadamente la ley, conscientes de que la Constitución de la República resulta benévola con quienes la incumplen, habiendo jurado lo contrario, amén del marco de impunidad existe. 

Estoy profundamente convencido que sin un marco legar actualizado y claro no hay lugar a la institucionalización del país, igualmente creo que solo dando al traste con el estado actual de cosas estaremos creando verdaderamente las condiciones para combatir la pobreza que de manera creciente acosa al pueblo dominicano y la corrupción rampante que nos afecta, para consecuentemente, entonces, crear las base de un desarrollo cabalmente sostenible.

Abogo por que los sectores progresistas, incluyendo los partidos de oposición, la integración de las clases productivas y la sociedad organizada del país, asumamos el  compromiso con una reforma profunda y plural,  garantizando la participativa ciudadana; por cuanto  propugnamos que llego el momento de la reforma a la constitución.