Las leyes en nuestro país son aprobadas con la intención de dar al traste con una determinada situación o con el fin de catapultar otras, indistintamente del caso; su aplicación en muchas ocasiones es totalmente distorsionada respecto de la intención original, esta mala practica en el país se ha ido convirtiendo en una cultura peligrosa.


Cuando se analiza la aplicación de legislaciones, tales como la Ley General de Transito y su ultima modificación, La Ley que institucionaliza la Policía Nacional, u otras del marco económico , como la Ley que graba los casinos, la Ley que grava los hoteles y moteles, y mas recientemente la ley que reformuló el régimen tributario del país;

El congresista, quien por mandato constitucional tiene el sagrado deber de construir el marco legal de la nación, al legislar plasma de manera clara e inequívoca su intención, la cual es denominada por los jurisconsultos, el espíritu de la ley.

En esta materia, contrario a la naturaleza misma de lo espiritual, el legislador establece de manera tangible su intención cuando define las consideraciones de una ley, estas consideraciones son, normalmente, la resultante de combinar las razones técnicas y la expresión de las voluntades populares, estas ultimas recogidas por la interrelación del legislador con su pueblo, usualmente, a través de las sociedades intermedias en las que éste se organiza.

De esta mala costumbre o distorsión no escapa la ley que rige los hidrocarburos en nuestro país, esta ley de los Combustibles Fósiles y Derivados del Petróleo, que desde el proceso mismo de su discusión, fue objeto de grandes contradicciones, las que hoy se han acrecentado con el agravante que actualmente las circunstancias demandan con urgencia, que la aplicación de la misma sea transparentada.

Resulta contraproducente y sintomático que desde el pasado mes de agosto las actuales autoridades hayan inhabilitado la pagina Web, diseccionada http://www.seic.gov.do/combust/paridad.htm, lugar donde desde hace algunos años la población dominicana tenia acceso a conocer acerca del comportamiento de las variables que inciden en el costo final que debe pagar el consumidor de los combustibles en el país.

Igualmente nos llama poderosamente la atención la desproporcional correspondencia de los costos de los combustibles en el país, respecto de precios internacionales, mas aun referidos con los precios en países con los cuales el nuestro guarda similitud, aparentemente el gobierno aplica el concepto de paridad acomodaticiamente.

La formula de ajuste o indexación de los precios de los combustibles no es una ecuación reservada al dominio exclusivo de científicos, tampoco debe constituir un secreto de estado, cual es su tratamiento actualmente, ésta es simplemente una ecuación lineal que puede y debe ser dominada por todos los ciudadanos y envuelve las siguientes variables: PRECIO DE REFERENCIA + GASTOS DE TRANSPORTE + MÁRGENES DE GANANCIAS + IMPUESTO QUE COBRA EL GOBIERNO

Respecto de estas variables, tratar é de hacer un ejercicio empírico sobre los MANEJOS QUE HA ESTADO TENIENDO EL GOBIERNO en la aplicación de la formula misma e iniciaremos el análisis de la importación.

La aplicación de la ley 112-00 esta dada en el contenido de su articulo 1, que establece diferencia entre los combustibles refinados en el país, respecto de los productos refinados importados, por cuanto sí es cierto que la capacidad de refinar no supera el 20% del consumo nacional, establecer los precios en función de los costos de productos terminados generando voluntariamente o no una distorsión que perjudica o beneficia directamente a alguien.

En segundo lugar, cuando se asume como precio de referencia los de la bolsa de New York se genera otra distorsión, ya que nuestro país no compra combustibles en las bolsas, nuestro país adquiere combustibles terminados o crudo, a precios preferenciales, dentro de acuerdos regionales o bilaterales, pero siempre los precios de compra son mucho menores a los cotizados en las bolsas, por cuanto esta operación envuelve un engaño al país.

En ese mismo orden, las compras de combustibles que realiza la Rep. Dominicana son normalmente para periodos de tres meses, me pregunto entonces ¿porqué ajustamos los precios semanalmente?

La respuesta que da el gobierno es que resulta de un mandato de la ley, que en este caso, digo yo, le conviene al gobierno cumplir, pero tal respuesta obliga a una segunda pregunta, al ajustar los precios semanalmente, porqué si la compra es trimestral, no se asume el precio de compra como una constante durante ese periodo de referencia.

El costo de transporte, que implica a su vez dos variables: la importación y la distribución, mientras que los márgenes de ganancias, a su vez involucra al sector distribuidor, así como a los detallistas, en cada caso, éstas, son variables sobre las que el gobierno tiene poca posibilidad de maniobrar, pero la situación es diferente sobre el impuesto que éste cobra.

El país debe saber como se ha distorsionado el abusivo impuesto a los combustibles, originalmente denominado “diferencial del Petróleo”, la Ley 112-00 establece en su artículo 8 que el impuesto debe ser indexado trimestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual define y oficializa el Banco Central de la Republica Dominicana.

Evidentemente la lógica nos indica que de las variables en juego, los precios de referencia y la indexación del impuesto son las determinantes, coincidencialmente éstas tienen un elemento en común, el periodo, ya que realmente compramos cada tres meses y la indexación, según la ley, debe ser trimestral. Este tema lo analizaremos en la próxima entrega.